Llegados al tema de si en Argentina hay o no libertad de expresión (parece mentira pero ese es tema de discusión) Van der Kooy, ya sumado de lleno a la polémica, le retrucó a Sabatella dicendo que desde el 83 hasta la actualidad era el momento más difícil para trabajar como periodista.
Dejó de lado lo relacionado con las discusiones y los cuestionamientos al discurso periodístico en general, y señaló como un límite a la libertad de expresión el hecho de que los funcionarios no atendieran el teléfono a los periodistas o no les pasaran información.
La verdad es que Van der Kooy tiene un sesgo en su evaluación, que es el de haber trabajado para un diario que les sirvió siempre a los periodistas como "chapa" en el acceso a los funcionarios y a la información privilegiada. Pero no es comprobable que periodistas de otros medios hayan tenido la misma suerte como norma a lo largo de todo el período democrático desde el 83 a la actualidad.
La cosa viene a cuento de que es algo bastante habitual en estas épocas escuchar quejas parangonables con éstas. Hay gente que está demasiado acostumbrada a usufructuar privilegios (por módicos que éstos sean, tampoco es cuestión de exagerar), que cree que cuando se les quitan se les está cercenando un derecho. Y no es así. Simplemente han perdido un privilegio, una exclusividad. Que en algunos casos no fue eliminado (el privilegio) sino que cambió de manos. De cualquier forma, es una de las reglas del juego. No hay que ser tan llorón.
Conecto esto con lo que se viene diciendo respecto de la distribución de la pauta oficial. Tema que, a pedido de Clarín, se coló en el debate senatorial sobre la ley sobre producción y distribución de papel para diarios.
Dice Clarín, en sus páginas y a través de sus senadores, que recibe (igual que La Nación) "solamente" 3 centavos por ejemplar vendido, en concepto de pauta oficial (subsidio, bah). En el cálculo de los ejemplares vendidos están incluídos por supuesto los que se recompran a través de Papel Prensa, con la plata de los jubilados (es decir, con los aportes que el socio menor, el Estado, hace a la compañía a pesar de que no pincha ni corta en las decisiones de la misma).
Más allá de las chicanas, el planteo maneja un criterio muy discutible. Que es el de vincular la pauta oficial (el subsidio a la "libertad de prensa") con la cantidad de ejemplares vendidos, dando a entender que el diario que vende más ejemplares debería recibir más plata que los que venden menos. De hecho, Clarín y La Nación suelen quejarse de que no exista tal relación entre lo que reciben ellos y lo que reciben los demás diarios.
Ahora bien, la pauta oficial entendida como un subsidio a la "libertad de prensa" debería quedar despojada de tales criterios cuantitativos comerciales. Porque contrariamente a lo que las empresas se representan a través de sus libros contables, el famoso derecho "a informarse" (que dicen defender) de 1 tipo debería valer lo mismo que el de 1 millón. Digo yo, que a estas cuestiones de los subsidios reclamados para expresarse libremente no les tengo ninguna simpatía.
Para ir más directamente al asunto: es bastante discutible que con "la plata de los jubilados" se tenga que financiar el derecho a la "libertad de prensa" (y sobre todo la rentabilidad de las empresas periodísticas). Pero más discutible todavía, diría inaceptable, es que se lo haga con criterios cuantitativos y/o comerciales.
Otro punto más sobre el cual algunas empresas caza subsidios y prebendas deberán asimilar que ya no son privilegiadas.
