El tema es imposible de pensar sin vincularlo con la cuestión de fondo: los subsidios, que hacen que los usuarios paguen directamente mucho menos de lo que pagan indirectamente y en conjunto todos los argentinos (no sólo los usuarios). Unos 700 palos mensuales.
A partir de eso, el debate que se avecina puede volverse apasionante, en tanto las aristas que toca son infinitas.
Particularmente, intuyo que los planteos del gobierno de la ciudad, y de muchos vecinos de la misma, van a ser inamovibles (o casi). Van a pedirle con firmeza a Nación que les pase los recursos (provenientes de rentas generales) para seguir subsidiando el boleto. Los recursos que "les corresponden".
Es que después de despotricar contra la política de subsidios, e incluso hacer campaña electoral con ello, no van a querer ahora hacerse cargo de ser considerados los dueños de la tijera que tanto pidieron.
Y uno puede entender que hay cierta racionalidad en esa postura defensiva. Junto con un desagradable acostumbramiento al llanto y la victimización.
En cuanto a la "justicia" de que Nación siga poniendo recursos para subsidiar el subte o que los subsidios (si quiere) los pague la Ciudad, los argumentos posibles son también variados. La discusión sobre cuestiones técnicas y legales puede tornarse infinita, o terminar derivando hacia un punto en el cual, al rato, nadie sepa bien cómo se llegó hasta ahí ni de dónde se partió. Doscientos años de historia de nuestra organización nacional tallan en la cuestión.
En definitiva, la clave pasa por reconocer otra cuestión, previamente.
Salvo que alguien crea todavía en la existencia de la idea platónica de Justicia, o se remonte a la ficción del derecho natural, todos más o menos deberíamos coincidir en que los ordenamientos jurídicos surgen de disputas, y son el resultante de las imposiciones más o menos arbitrarias de los ganadores de tales disputas.
Sobre esa base, la fuerza de los fundamentos que remitan al "cumplimiento de leyes que datan de 1999" o al artículo de la Constitución que habla específicamente del traspaso de facultades pierden algo de fuerza.
Y cobra importancia la cuestión pragmática.
El Estado Nacional debería volcar los recursos que recauda a la corrección parcial de las diferencias estructurales. O al menos a eso deberíamos empezar a aspirar.
De modo que la pregunta más pertinente en este caso es: un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto tan grande (en vías de ampliarse por aumentos programados de impuestos) ¿necesita que se vuelquen recursos que podrían aplicarse en otras provincias no tan beneficiadas?
Sería lógico que la discusión sobre esos recursos fuera abordada por todo el país, y no solamente por la porción interesada, que los genera parcialmente y los disfruta completos (ya que, recordamos, en Formosa no hay subtes).
La decisión discutible de que esos fondos hayan sido aplicados a eso, no debería dar derecho, tampoco, de continuidad a futuro.
