El jefe de Gobierno porteño decidió aumentar el boleto de Subte un 125% en solo un día de administración. La Nación pasó los subterráneos a la Ciudad, y la primera medida abordada por la nueva gestión es el tarifazo que rige desde mañana. En ese marco, políticos, y ONG están denunciando como “ilegal” a la decisión, ya que “no llamó a audiencia pública”.
Fernando Blanco Muiño, titular de la Unión de Consumidores de Argentina, dijo: “estamos de acuerdo con el traspaso del subte a la Ciudad pero el aumento de la tarifa anunciado por el Ing. Macri es manifiestamente ilegal pues incumple con las leyes N° 6 y N° 210 de la Ciudad de Buenos Aires”.
La tarifa del subte costará desde mañana $ 2.50 según lo determinado por el macrismo: “habíamos sostenido que luego del acuerdo arribado entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad y estando el servicio de subterráneos a partir de estas fechas bajo la competencia local, y teniendo en cuenta el anuncio del Ing. Macri por el cual hizo saber que se abría un periodo de 90 días para la transición en el cual se estudiaría la situación de la empresa, las prestaciones y la tarifa, que la Unión de Consumidores de Argentina exigía que ese proceso sea dotado de transparencia y apertura, con la participación activa del movimiento de consumidores y los trabajadores de modo que se convirtiera en una oportunidad para conocer la estructura de costos de la empresa, sus planes de inversión y la imprescindible mejora en la calidad del servicio que, sin dudarlo, califica entre los peores del mundo pero a 24 hs. del anuncio del Jefe de Gobierno nos encontramos ante un nuevo valor del boleto del subte que pasa de $ 1,10 a $ 2,50 sin quedar en claro cuál ha sido el estudio sobre la estructura de costos, la incumbencia salarial y las mejoras del servicio” , afirmó Blanco Muiño.
“El aumento dispuesto unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad viola dos leyes de la propia jurisdicción como son la Ley N° 6, reguladora del mecanismo de la Audiencia Pública, y la Ley N° 210 que legisló sobre el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Blanco Muiño.
“Para preservar el derecho de los usuarios en relación a los prestadores de servicios públicos, la Ciudad de Buenos Aires ha sancionado en el año 1999 la Ley N° 210 que obliga a convocar a audiencia pública”, razonó.
(impulsobaires)
