La semana pasada se reglamentó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Saludamos el hecho que, como marco legal, hará posible el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión pero, ante todo, será esencial para asegurar el derecho a elegir distintas fuentes a la hora de informarnos.
A partir de ahora, entra en vigencia una trabajada y esperada ley que revierte otra, cuyo texto, que tutelaba la comunicación Argentina, lleva la firma de Jorge Rafael Videla y José A. Martinez de Hoz. En 1976 el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, una vez suspendidas las garantías constitucionales y disuelta toda actividad política, forma una sociedad poniendo al Estado como socio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón; apropiándose de la empresa “Papel prensa” con métodos propios del terrorismo desplegado por la dictadura cívico-militar. Como se sabe, se obliga a vender las acciones pertenecientes a David Graiver, a precio vil, a las empresas dirigidas por Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre.
A partir de la sociedad entre Clarín y La Nación con el gobierno de facto, las empresas lograron tener el monopolio de la producción y venta de papel de diario, y el gobierno el control de la palabra escrita. Se explica así la operación de prensa llevada a cabo a favor de la dictadura mediante tergiversación y silencio de los hechos en aquel momento. Algunos empresarios les deben a la dictadura no solo la prosperidad de sus empresas sino que también les proveyeran de “herederos” para continuar con su proyecto comercial. Esperamos que se resuelva el caso de los hijos “apropiados” por la señora de Noble, propietaria del diario Clarín.
Una vez en democracia los diarios tuvieron un rol central en la vida política de los argentinos; en especial el diario Clarín, que sencillamente disputó poder con los gobiernos democráticos que desde 1983 sellaron “pactos de gobernabilidad” a cambio de mayor concentración. La reglamentación de ésta ley, pone límites a la concentración, ampliando y democratizando el espectro informativo
La reacción de los grandes monopolios se realiza hoy, dando lugar en sus páginas y pantallas a políticos de la oposición a condición de que operen como abogados de las empresas que forman parte de los grupos comerciales pertenecientes a los dueños de los medios de comunicación. Por primera vez el pacto de los grandes medios de comunicación no es con un gobierno, sino que, a cambio de “visibilidad” gran parte de la oposición es utilizada como fuerza de choque contra la ley de servicios de comunicación audiovisual, la investigación sobre “Papel prensa” y el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Situación que inquieta sobre todo al grupo Clarín en tanto que desvela su relación con lo mas oscuro de nuestra historia reciente.
A modo de ejemplo, los dichos de la diputada Elisa Carrió: “Clarín es la ultima resistencia Si cae Clarín después caemos todos” muestra con claridad la manera en que se trata de preservar un interés particular haciéndolo pasar como interés general.
Recordemos el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci donde el control no está ejercido solo por el aparato represivo del Estado sino que, con mayor eficacia, por lo que el llama hegemonía cultural representada por instituciones religiosas y medios de comunicación. En la oración de la diputada: “Si cae Clarín después caemos todos” habría que encontrar el significado de la palabra “todos” y ver si en realidad no se está refiriendo a la claque de operadores que tienen como único refugio los estudios y las páginas de los grupos a los que hacemos referencia en éste artículo.
Si cae Clarín ¿Quién publicará los devaneos de la diputada?
