En nombre del Poder Ejecutivo Nacional, el querellante solicitó también ante el Juzgado Federal 3 de La Plata que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento" de los imputados.
Duhalde presentó esta tarde la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, en un extenso escrito, la cual también será patrocinada por el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, "quien por hallarse ausente del país no la suscribe y la ratificará posteriormente".
"El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos", señala el texto, al que accedió Télam, presentado a tres semanas del informe oficial del Gobierno nacional sobre Papel Prensa.
La presentación pide que se investiguen hechos "que constituyen delitos de lesa humanidad" y señala además que también es objeto de esta acción "alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas".
Con extensa fundamentación que invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, convenciones y pactos internacionales, la querella "por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A." se remite también al Código Procesal Penal de la Nación.
Según el escrito, esa apropiación se concretó meses después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita".
De esos actos "resultaron víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul".
Tales hechos y "las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (...) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles", sostuvo Duhalde.
El escrito comprende siete títulos, el último de los cuales, "Petitorio", solicita al juez federal que "tenga por presentada esta querella", la reserva del caso federal y que se faculte a los letrados querellantes "a presenciar las declaraciones de los testigos y formular, en su caso, los interrogatorios pertinentes".
También pide la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
En este ultimo punto hace "la salvedad de no poseer a la fecha datos fehacientes sobre si todos los imputados están vivos" actualmente y solicita además que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento".
A lo largo de unas 200 páginas, el escrito aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, así como antecedentes y hechos en los que se fundamenta, incluidos numerosos comunicados de la Junta dictatorial.
También despliega hechos, testimonios y argumentos respecto del "Estado terrorista y su faz clandestina", quiénes fueron "los grandes beneficiarios" civiles y el papel de "los grandes medios de prensa asociados con la dictadura", como alude a los diarios Clarín y La Nación, que pasaron a ser accionistas de Papel Prensa.
En contraste, alude también a "persecuciones a la prensa desafecta o independiente" y a los periodistas detenidos-desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977.
Además, argumenta en torno de "la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado", para afirmar que "por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón", con una intermediaria. En la querella, Duhalde sostiene que "aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto".
Los accionistas privados de PP, Clarín y La Nación, en tanto, rechazaron de plano la acusación y dijeron en un comunicado conjunto: “Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico”. “La falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes”, agregaron.
Fuente: DR
