A continuación compartimos íntegramente las conclusiones del documento presentado por Periodistas Sin Fronteras sobre la actualidad argentina:
PERIODISTAS SIN FRONTERAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entorno a la Ley SCA
La libertad de prensa como libertad editorial no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación. Sobre todo de los más importantes. La ley SCA condena, efectivamente, la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquél casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo. La SCA no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del Jefe del Estado. No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa.
La evolución legislativa en Argentina corresponde al camino emprendido por otros países de la zona (Uruguay, Brasil, Ecuador, pronto Bolivia), confrontados ellos también a una tradicional superconcentración mediática. Esta evolución, que incluye a la vez la despenalización de los delitos de prensa como en Argentina, va acompañada de la puesta en marcha de medios públicos hasta ahora débiles o inexistentes. El desarrollo de un servicio de información pública - en la medida en que el poder que la promueve respete su independencia - tampoco supone ningún problema de principio.
La SCA debe mantener su objetivo para corregir los desequilibrios del paisaje audiovisual, particularmente apremiantes en Argentina y garantizar un mejor reparto de las frecuencias entre medios privados, medios públicos en desarrollo y medios comunitarios. Por esta razón, apoyamos este texto, tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Fruto de una larga reflexión en la sociedad y votado según las normas por mayoría en el Congreso, el texto se debe aplicar con, como corolario, un reparto justo de la publicidad oficial. La garantía de imparcialidad debe ser la misma en la atribución de las frecuencias. En los dos casos, bajo la égida de una autoridad de regulación independiente y que incluya a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Entorno a los casos Papel Prensa y Fibertel
Las acusaciones del gobierno hacia el Grupo Clarín en el caso Papel Prensa son de una gravedad extrema y recuerdan el contexto del peor período de la historia del país. No debemos pronunciarnos sobre el fondo de este asunto en la ausencia de pruebas definitivas de cargo o descargo. Es la justicia argentina, independiente y soberana, la que tiene que pronunciarse y no el poder ejecutivo. Lamentamos que tal caso haya alimentado el contraataque del gobierno frente a Clarín y La Nación cuando ésta no era su apuesta. De la misma manera, pensamos que el hecho de no renovar la licencia del proveedor Fibertel, respaldado por el Grupo Clarín, es demasiado rápido y brutal. Una negociación era posible, incluso a través de una puesta en conformidad con la ley. En un lapso de tiempo tan corto, esta medida se ve como un ensañamiento contra el grupo de prensa.
De forma general, el gobierno no tendría que haber replicado a los grupos de prensa dominantes mezclando varios ámbitos (económico, político, editorial…). De hecho, este método se comprobó en otras partes de América Latina y desgraciadamente alimenta la confrontación. La línea editorial de un medio de comunicación es una cosa. El trabajo diario de sus empleados es otra. El pasado y los errores de su dirección otra distinta. Los periodistas de Clarín y La Nación no tienen que sufrir ninguna estigmatización por parte del poder. Sin embargo es lo que ocurrió bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que negaba cualquier conferencia de prensa en la Casa Rosada, o bien mandaba a doscientos funcionarios de la administración de ingresos a la sede de Clarín, el 10 de septiembre de 2009. Designar a la prensa como “enemiga” no resuelve nada y expone la profesión a nuevos riesgos. Todo poder democrático debe aceptar la crítica pública, aunque sea dura.
Un aspecto del caso Papel Prensa llama nuestra atención. No es nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa y practique una tarificación sin regulación. Esta regulación es necesaria, siempre en nombre del pluralismo y del reparto justo de los medios de publicación.
Para seguir esta situación de la forma más justa, Reporteros sin Fronteras publicará pronto la entrevista de un representante de cada parte. Queremos pensar que puede parar la “guerra mediática”.
