En este caso, fue en referencia a la ilegal expulsión de los tres directores que representan al Estado, que habían perpetrado los dos socios privados; Clarín y La Nación.
Ante este flagrante avance sobre los derechos que posee el Estado en tanto accionista de la empresa, fue que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había presentado una medida cautelar al Poder Judicial solicitando la inmediata reincorporación de los tres representantes públicos.
Pues bien, el juez en lo comercial Eduardo Malde notificó hoy a la CNV, que se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el organismo y se ordenó a la empresa Papel Prensa SA, la restitución de los tres directores por el Estado Nacional que fueron separados en agosto pasado.
“La Justicia aceptó que los atributos de la Constitución Nacional impiden que una empresa pueda ponerse por encima de las leyes” explicó sobre la disposición judicial Alejandro Vanoli, titular de la CNV, en declaraciones a la agencia Télam.
E indudablemente es así, porque la ilegalidad en el acto de expulsión de los directores nacionales es manifiesta.
Ello dado que el Estado, como socio accionario, tiene un derecho adquirido para definir, tanto el hecho de poner la cantidad de directores que corresponden a su paquete accionario en Papel Prensa, como la atribución de precisar quienes se designan a tal fin.
Este derecho adquirido es el que venían pisoteando los dos socios privados de la empresa, demostrando una vez más, que cuidar todos sus kioscos- sean legales o no-; garantizar su andar impune; y continuar sosteniendo sus vergonzosos privilegios sociales, es su fin último.
Afortunadamente en éste round, el Poder Judicial está actuando conforme a derecho, y no conforme a la capacidad de presión cuando no extorsión, de los socios privados.
