El jefe de gobierno porteño también mantiene una dura cruzada, casi personal, con un grupo de jueces “díscolos” de la ciudad de Buenos Aires: cinco miembros del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario que dictaron fallos a contramano de los deseos del líder del Pro, a quien acusan de montar una caza de brujas para “amordazar” a la Justicia.
La tensión no es nueva: desde que llegó al poder, Macri optó por tener una relación virulenta con los miembros de ese fuero, encargado de intervenir en causas que involucran a la administración pública y que suelen poner en evidencia las falencias del macrismo en materia social.
“Queremos informar a todos los ciudadanos de la ciudad que no podemos trabajar, no nos dejan trabajar, intentan disciplinarnos”, sostuvo ante los medios Roberto Gallardo. El magistrado y cuatro de sus compañeros de fuero están demandados por el macrismo y su bloque de legisladores ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) porteño, por un supuesto “conflicto de poderes”, luego de que fallaran cinco veces contra el proceso por el que Macri busca nombrar en esa magistratura a Daniela Ugolini.
Al cierre de esta edición, Gallardo y su colega Elena Liberatori, también demandada, brindaban una conferencia de prensa advirtiendo sobre el hostigamiento al que se sienten sometidos por el Pro, y se preparaban para asistir a la audiencia pública donde deberán comparecer frente al STJ.
Antes del affaire Ugolini, otras medidas adoptadas por estos jueces habían desatado la ira del jefe del Pro: el fallo contra la intervención de la obra social de los municipales, el freno al intento de despido de 2.400 contratados, la traba a la habilitación irregular del Shopping Dot y la sentencia contra el gobierno por la muerte de un bebé en una suerte de centro de evacuados en el Parque Roca.
Con esos antecedentes, la intención del oficialismo de propiciar la llegada al STJ de Ugolini, que como fiscal de cámara ya había mostrado su afinidad con la gestión macrista, acabó por llevar el enfrentamiento al terreno de las acciones directas. Pero los cinco miembros del “fuero rebelde” siguieron marcando las varias irregularidades de un proceso de designación donde abundaron presiones por parte del Ejecutivo. Tanto fue así que el STJ, luego de una visita personal de Macri, aprobó un per saltum y ordenó capturar los expedientes que trababan el avance del mecanismo de selección. En ese corpus incautado, uno de los puntos críticos eran los antecedentes de la candidata macrista, que además de sumar críticas en el ámbito académico y tribunalicio, también fue cuestionada por su declaración jurada.
El empeño de Macri en una lucha que en sus propias filas ya comienzan a dar por perdida, por el repudio externo y las fisuras internas, responde a que el supuesto voto que Ugolini garantizaría, de acceder al Supremo Tribunal, destrabaría cualquier obstáculo judicial. Sin embargo, después de la denuncia de los magistrados porteños, muchos en el Pro consideran que no es bueno que su procesado jefe siga sumando problemas con la ley.
Fuente: Revista Veintitres
