Ninguno de los actos de Hebe de Bonafini a favor de los desocupados y piqueteros o de los cientos que ha convocado provocó tanto alboroto. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo ha realizado otros juicios de este tipo, obviamente propagandísticos y políticos, a jueces o abogados y empresarios que colaboraron con la dictadura. Este que le hacen a periodistas no es el primero y, sin embargo, sí es el primero al que se lo escracha tanto públicamente.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, controlada por la oposición y cuyo principal mérito es oponerse a la ley de servicios audiovisuales, impulsó el repudio unánime de los diputados al acto de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Periodistas que viven de la libertad de expresión y una comisión legislativa que existe para preservarla, finalmente la terminan repudiando.
Es decir, la libertad de expresión es fantástica siempre que no afecte a los periodistas. En ese caso, la libertad de expresión afectaría a la libertad de expresión y hay que repudiarla. La libertad de expresión no somos los periodistas y menos las empresas que nos dan trabajo. Esa es una pequeñísima parte. Y una parte privilegiada en ese sentido, porque es la que tiene más recursos para expresarse y comunicar.
Esa confusión es peligrosa desde un punto de vista democrático y republicano. Y es más peligroso cuando los confundidos somos los periodistas y las empresas periodísticas. Los periodistas podemos ser criticados por cualquiera, incluso por otros periodistas.
Otra cosa son las amenazas anónimas o los actos de violencia. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No es lo mismo el acto de Hebe de Bonafini que un cartel anónimo. Aunque el contenido sea similar (el cuestionamiento a algunos periodistas), en democracia el significado es totalmente opuesto. Uno es parte de la libertad de expresión (se coincida o no con él), pero lo anónimo y violento atenta contra ella. Por eso se equivocó el dictamen por mayoría de la Comisión de Diputados al mezclar todo. Porque de esa manera se corre el riesgo de montarse en una condena legítima y usarla para reprimir la expresión también legítima de otros ciudadanos con los que ellos disienten. Con lo que se podría llegar a un absurdo: la Comisión de Libertad de Expresión corre el riesgo de terminar coartando la Libertad de Expresión.
