Primero, porque le puso la cara a Duhalde para que lo sopapeara. Con mano abierta y de revés, como sobrándolo.
También porque en la inevitable causa mediática, paralela a la judicial, que se abre cada vez que hay un caso de notoriedad pública, Moyano ya es culpable. Le cabe, por actitud, el famoso "a confesión de parte, relevo de pruebas". Digamos que es la contracara, en esos ámbitos, del camarada clasista Venegas, preso por luchar.
Se podrá decir que Moyano (a diferencia de Piumato) no tiene la tara de los políticos que provienen de otra clase social (media) de hacer un culto finalmente irrelevante de su imagen pública. Le importa un corno que lo culpabilicen mediáticamente. Sabe que en la novelita política que transmite el noticiero a él le tocó el rol de villano, y lo desempeña con gusto...
Podría decirse además que la relación de Moyano con parte del Gobierno queda resentida. O mejor dicho, quedan expuestas públicamente las desconfianzas mutuas, los límites de las conveniencias de una relación en la que se pone en juego constantemente quién es el que manda a quién. Nada demasiado distinto de lo que pasa en las relaciones de pareja. Prevalecerá, suponemos, el mutuo instinto de supervivencia, si no es que el diablo mete la cola.
Y hablando del tema...
Oyarbide es acusado de actuar por orden del gobierno, por un lado. Por otro, de jugar para el duhaldismo (con la puesta en escena, el más favorecido de los sectores políticos). Lo más probable es que (pactando) sea, en lo profundo, oyarbidista (partidario de sí mismo, como todo el mundo, incluidos los mencionados y los aludidos más arriba). Zafa, por ahora, del recontra anunciado y dilatado juicio político en su contra, en gran parte, gracias a la dispersión que él mismo genera, por la diversidad de causas que maneja, y las resoluciones disímiles que en términos políticos toma. Es probable que, hoy por hoy, la CC y la UCR lo quieran sostener. Lindo momento para explorar un quilombo legislativo, con debate sobre ética, independencia de poderes y corrupción.
Pero más allá de todas estas cuestiones, queda picando un malestar, seguramente compartido por toda la clase política.
La idea de que no se puede permitir que una corporación, por necesaria que sea, y por lo estratégico de alimentar su fortaleza a largo plazo, adquiera poder de veto sobre las decisiones de alguno de los poderes del Estado. Al que se marea con las alturas, convendrá, en algún momento (tal vez cercano, tal vez lejano) hacerlo bajar.
