El cardenal Jorge Bergoglio deberá rendir cuentas ante la Justicia por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores que se instauró durante la última dictadura, caso que comenzó a juzgarse a fines de febrero en Comodoro Py. La decisión del Tribunal Oral Federal 6 fue luego del pedido formulado por el fiscal Martín Niklison y el abogado Alejo Ramos Padilla para que sea citado como testigo en relación al caso Barati-De la Cuadra.
Al subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, sostuvo que Bergoglio en aquella época era provincial de los Jesuitas, la máxima autoridad de esa orden. Por lo tanto, manifestó que “es de suponer que, como con todos aquellos que cumplían una actuación importante, las víctimas hayan recurrido a él y le hayan planteado sus búsquedas” y que “debe haber tenido conocimiento de estas situaciones”.
En declaraciones a Radio Provincia, exigió que “no vuelva a decir que hace 10 años conoció los casos de apropiación de niños en la dictadura” debido a que “eso es imposible” ya que “nadie puede decir eso cuando las Abuelas de Plaza de Mayo hace 34 años que están en la búsqueda, en la época de Alfonsín llevó a conformar el Banco Nacional de Datos Genéticos, toda la trayectoria de recuperar 103 niños y con testigos que han declarado en el juicio por el plan sistemático diciendo que en aquella época habían recurrido a su intermediación”.
En este marco, Alem dijo que “es momento de que la Jerarquía Eclesiástica de su aporte sobre lo que sucedió en aquella época porque hasta ahora no lo han hecho”, por cuanto hay casos como el del sacerdote Cristian Von Wernich que se desempeñó como capellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura condenado por crímenes de lesa humanidad con sentencia firma sobre el cual “la Iglesia no se ha pronunciado”.
Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación expresó que “por la posición que ocupaba y por la repercusión que tuvieron estos casos es imposible que se haya enterado de estos casos hace 10 años” y anunció que “esperamos que aporte datos que permita saber más acerca del destino de los 400 hombres y mujeres que viven con su identidad cambiada e historia secuestrada”.
El funcionario informó que la Ley Procesal Penal le permite declarar por escrito ante el tribunal por ser el cardenal primado de la Argentina pero “también eso le impone una obligación mucho mayor”.
Por último, indicó que “esto no fue una dictadura solamente militar sino cívico militar que tuvo como objetivo instalar un modelo económico que tuvo como cabeza visible a José Alfredo Martínez de Hoz, utilizando el terror para disciplinar a todos los actores sociales que se podían oponer.”
(Radio PBA)
