El 24 de agosto último presentó formalmente el Informe Papel Prensa-La Verdad, luego de casi un año de trabajo como representante del Estado nacional en el directorio de la empresa de capitales mixtos. Dos semanas después, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó la suspensión de sus funciones. En esta entrevista, la economista Beatriz Paglieri habla de su situación y la de los otros directores suspendidos, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, del itinerario que recorrerá de aquí en más el Informe y de la responsabilidad de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos en la adquisición por parte de Clarín, La Nación y La Razón del paquete accionario de los Graiver durante la última dictadura militar.
Por orden de la Justicia, quedó apartada del directorio de Papel Prensa. ¿Qué lectura hace de esa decisión?
Es la lectura que hace el cuerpo de abogados del Estado nacional, no la mía. Y ellos consideran que no estamos apartados mientras no lo determine la Presidenta de la Nación. Hay un dictamen de la Comisión Nacional de Valores en curso y hasta que eso no se dirima en las instancias judiciales que correspondan, el Estado no va a proponer otros directores en Papel Prensa. Por lo tanto, seguimos en funciones y se apelará la decisión. Lo que, finalmente, determine la Justicia lo aceptaremos. Pero hoy no hay nada firme.
El juez Eduardo Malde, el viernes 3, dejó en pie la intervención judicial y la permanencia de ustedes en la compañía. ¿Qué medió entre un hecho y otro?
El juez Malde ratificó la intervención. Lo que no determinó, y esto es clave, es si nos tenemos que regir por la ley de sociedades o por el dictamen de la Comisión Nacional de Valores. Nosotros fuimos designados en la asamblea del 27 de octubre de 2009 y, desde entonces, participamos de una sola reunión, la del 4 de noviembre. El problema es que, en los dos casos, las actas fueron redactadas de manera diferente a cómo sucedieron las cosas e incluso, se cambiaron el orden de las reuniones. En esa reunión había que aprobar el balance y, por supuesto, el Estado nacional se abstuvo porque no teníamos la información suficiente para expedirnos.
La separación de los directores propuestos por el Estado era un pedido de los socios privados.
Los socios privados, haciendo abuso de su mayoría automática, reprobaron nuestra gestión. Ahora resulta muy raro todo, porque, como miembros del directorio, sólo tuvimos una reunión el 4 de noviembre de 2009, que además quedó inconclusa. Ésa fue nuestra única participación y con eso dicen que les basta para excluirnos, con lo cual está claro que es un artilugio para separarnos del cargo y para que, en las reuniones de directorio no se traten las cuestiones de fondo. Nosotros fuimos a trabajar para que haya papel en todas las editoriales del país, que haya inversiones para aumentar la capacidad instalada y que se preserve el medio ambiente. Pero nunca nos dieron información, ni nos dejaron participar en nada.
Recién hablaba de temas de fondo que no les dejan discutir. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, cómo están determinados los precios. Hay un informe de la Sigen que demuestra que en uno de los trimestres de 2009, las empresas relacionadas se autoproveyeron de papel por debajo del costo variable. Y para tres trimestres, vendieron papel por debajo del costo total de producción. Todo esto, en desmedro del Estado y de los diarios más pequeños. Acá hay que dejar en claro cómo se determina el precio y cómo somos eficientes. Papel Prensa tiene costos fijos muy altos, se está produciendo por debajo de la capacidad instalada. Además, verificamos que los gastos administrativos son muy altos con respecto al costo total y que nunca se hicieron las inversiones que corresponden para producir más y mejor. Es decir, acá hay acciones desleales contra el Estado nacional, acciones desleales con el resto del mercado que demanda papel, acciones monopólicas y abuso de posición dominante.
Hasta aquí, el informe Papel Prensa-La Verdad no fue presentado ante la Justicia. ¿Por qué, todavía, no se efectivizó la denuncia?
Procedimientos institucionales. El trámite está en la Secretaría de Derechos Humanos, que, probablemente, agregue más elementos al Informe. Ellos lo procesarán a su modo y se lo enviará a la Justicia. Quiero aclarar que, hasta aquí, ese informe, que es público y está a consideración de todos, no recibió ninguna observación, formal o informalmente.
No hay, entonces, imputación alguna contra Magnetto y Mitre. Hasta el día de hoy, por lo menos.
No, claro. Por eso es que sorprendió que se hayan presentado en el juzgado con el Informe bajo el brazo.
¿Cree que hay suficientes documentos y pruebas para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad?
Estamos convencidos de que las acciones clase A, que son las que dan el control de la empresa, fueron obtenidas bajo amenaza. Es decir, fueron apropiadas. Después de las amenazas, de hecho, vino la desaparición de buena parte de la familia. El Informe aporta pruebas contundentes que son coincidentes con las declaraciones de Lidia Papaleo y de Rafael Ianover. Las de la viuda de Graiver son conmovedoras, pero no son menores que las de Ianover. Ianover era vicepresidente de la empresa y testaferro confeso de Graiver y nunca cobró un peso por estas acciones. Por eso, tanto celo para que no declare. Además, lo que determinó en su momento, el juez Daniel Rafecas, es convergente con esto.
¿En qué sentido?
Cuando tuvo en su poder las actas de la asamblea donde Lidia Papaleo contó de qué manera se habían apropiado de la empresa, Rafecas se declaró incompetente porque consideró inescindible la apropiación de acciones del tratamiento como posibles delitos de lesa humanidad. De ahí que la causa se derive al juez Arnaldo Corazza. No sé si Magnetto irá preso o no, pero tendrá que declarar como corresponde, con derecho a defensa, pero sin impunidad.
¿En qué situación está Peralta Ramos, dueño de La Razón de entonces?
Vive y tendrá que asumir sus responsabilidades, las que le correspondan. Un dato no menor es que, cuando Magnetto y Mitre iniciaron la querella en contra de Guillermo Moreno, Peralta Ramos se abstuvo. Es probable que haya procesado distinto toda esta historia.
¿Qué le parecieron las declaraciones de Isidoro Graiver? ¿Cuánto pueden pesar en la causa?
Sobre esto digo algo muy personal: cada uno sabe cómo vivió esta historia y tiene derecho a procesarla como le parezca. O, para decirlo de una manera más cruda, como pueda o como le dé el cuero. Con lo cual, no me parece que corresponda decir nada más sobre él.
Los diarios dicen haber probado ante la Justicia, con recibos y expedientes judiciales, los pagos efectuados en su momento por Papel Prensa. ¿Es así?
En primer lugar, como dije, llama la atención que se hayan presentado con el Informe y que, de alguna forma, se hayan autoimputado. En segundo lugar, llama la atención que le quieran marcar la agenda a un juez. Se supone que ya van a ser convocados para que presenten la información que consideren oportuna. En tercer lugar, no tiene ninguna importancia, porque hay que ver cómo se consiguieron esos recibos. Acá hay un proceso en curso y una denuncia de Lidia Papaleo donde acusa a Héctor Magnetto de decirle que tenía que firmar sí o sí porque estaba en peligro su vida y la de su hija. Hay que recordar lo que dijo Lidia Papaleo: que podía tolerar más la mirada de su torturador que la de Magnetto. Esto es muy contundente.
¿Le sorprendió la reacción de Clarín y La Nación?
No, ya no. Cuando llegamos a Papel Prensa por primera vez, lo nuestro parecía naif. Nuestra propuesta era trabajar en conjunto con los socios privados para darle un impulso a la empresa, y nos recibieron con una querella criminal. Ahí sí me sorprendí. Investigamos, pedimos información e hicimos lo que debíamos: un informe completo sobre el pasado y el presente de la empresa. Hay una clara colisión de intereses entre las partes. El problema es que también hay delitos.
¿Hubo un cambio de estrategia de los socios privados?
Que hayan ido a la Justicia y de la forma en que se movieron muestra que están preocupados. También es una muestra de preocupación que hayan pedido estar presentes en la declaración de Ianover. Ianover es una persona muy importante en este proceso. Lo más indignante, y esto lo digo como ciudadana, es que quieren marcarle la agenda a la Justicia. De alguna manera, fueron a generar un titular que tapase el anterior.
Desde el Gobierno advierten del poder de lobby de los medios. Desde los medios, denuncian la presión del Gobierno.
Mi sensación es que esto es cuestión de tiempo. El Informe tiene la seriedad de un trabajo en equipo. Sistematizó todo lo que estaba disperso sobre el tema y creemos que va a ser un aporte clave a la verdad. Ahora tiene que actuar la Justicia, con sus procedimientos y sus formas. Pero la verdad está más cerca. Por eso digo que es una cuestión de tiempo.
